Una expropiación, en medio de turbulencias sociales

FOTO AFPLa nacionalización de la Transportadora de Electricidad, mediante el decreto número 1214, no es una decisión inesperada en Bolivia. Desde que asumió el poder hace seis años, Evo Morales ejecuta expropiaciones cada 1ro. de mayo, siendo la estatización de los hidrocarburos hasta ahora la más resonante de su gestión. La expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Española puede ser sorpresiva para esa compañía, pero no lo es para los bolivianos, ya que responde al programa electoral del gobernante socialista y está inscrita explícitamente en la nueva Constitución Política del Estado. En ese sentido, el artículo 378, parágrafo II, de la Carta Magna, registra textualmente el mandato: “Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución”. El texto concluye: “La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse”.

Como se lee, la nacionalización de la cadena energética estaba prevista y comenzó a ejecutarse en otro 1ro. de mayo, hace dos años, con las empresas generadoras. Estatizado el transporte, el siguiente paso probablemente tocará a las distribuidoras de electricidad, siendo el eslabón más sensible de la cadena por estar ligado al modelo de cooperativas de servicios públicos, compuestas esencialmente por capitales bolivianos.

Evo Morales nacionalizó hasta ahora empresas del sector hidrocarburífero, de las telecomunicaciones, de la minería y de la energía eléctrica. También avanzó con su modelo estatizador en el sector de la aviación y de la producción agrícola. Queda pendiente aún el área de agua y de los recursos forestales. Todo es cuestión de tiempo para consolidar al Estado como el mayor actor de la economía boliviana.

Sin embargo, las nacionalizaciones durante su gobierno ocurren en momentos y contextos cambiantes, pero con métodos similares. La primera y más espectacular fue ejecutada a pocos meses del inicio de su mandato, cuando vivía aún una luna de miel con amplios sectores de la población boliviana. La expropiación de las acciones de empresas petroleras sirvió para que Morales acumule más poder y consiga un respaldo popular inédito para avanzar enseguida cómodamente con sus reformas. Casi lo mismo ocurrió dos años después con la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El presidente tenía hasta entonces un cheque en blanco de su electorado para aplicar las medidas que desee en este campo, sin importar las secuelas, como los costosos arbitrajes internacionales y los pagos de millonarias indemnizaciones. Tampoco parecían importar los recuerdos de administraciones estatales ineficientes y politizadas de años anteriores.

El contexto y la coyuntura de esta última estatización es diferente. Aunque mantiene el alcance inamistoso de las anteriores, por la intervención militar de las instalaciones de la empresa afectada, se ejecuta en uno de los momentos de mayor desgaste de la imagen del Gobierno, tanto interna como externa. Evo Morales necesitaba aplicar una iniciativa que le devuelva autoridad y confianza en los propios movimientos populares que lo respaldaron antes incondicionalmente y que en este 1ro de mayo han salido a marchar por las calles del país. Desde hace un mes, Morales enfrenta una durísima huelga de los médicos y trabajadores de salud. Desde hace dos semanas la Central Obrera Boliviana exige un mayor aumento salarial y la reconducción del llamado proceso de cambio que apoyaron antes. Aunque el presidente decretó este martes el aumento salarial en un 8% y un salario mínimo de Bs 1.000 (aproximadamente 120 euros), se espera que el jueves próximo los trabajadores endurezcan sus medidas de protesta contra ese incremento, considerado insuficiente. El tercer conflicto surgido en esta coyuntura es la de la novena marcha indígena de defensa del Parque Isiboro Sécure,                 que amenaza con poner otra vez contra las cuerdas a Morales como ocurrió el año pasado en rechazo a una carretera que pretende partir en dos el corazón de una reserva forestal.

Es en ese escenario de malestar social acumulado, a solo dos años de la próxima elección presidencial, que se da esta expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Española en la empresa Transportadora de Electricidad. Ni siquiera el inédito feriado de dos días decretado improvisadamente por el Gobierno a última hora del viernes pasado sirvió para aplacar las protestas callejeras en este 1ro. de mayo.

Morales necesitaba aplicar un golpe de efecto que lo acerque a sus bases electorales, ahora distanciadas, y que le reclaman permanentemente recuperar su “espíritu revolucionario”.

El accionar del presidente boliviano no tiene relación directa con la conducta nacionalizadora de su colega argentina, Cristina Fernández. Al contrario, paradójicamente el mismo día en que Morales expropia las acciones de la red Eléctrica Española se reúne con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para anunciar juntos el potenciamiento de la producción gasífera del campo Margarita, el mayor de Bolivia. Las relaciones del gobierno boliviano con las petroleras, sobre todo la española, parecen estar mejor que nunca. En la misma semana en que la presidenta de Argentina confiscó las acciones de Repsol en YPF, en La Paz Evo Morales anunció un decreto de incentivos para la producción de crudo.

En lo que sí hay semejanzas es en la justificación de la expropiación. Igual que Cristina, Morales asegura que el motivo de la estatización de la Transportadora de Electricidad es su baja inversión, calculada en solo 80 millones de dólares en 16 años, cuando el Estado boliviano destinó por cuenta propia 220 millones de dólares al sector en solo 6 años.

El Estado tiene 180 días desde ahora para definir el valor de las acciones expropiadas. En ese periodo también debe recuperar la calma social. La duda es si otra medida de shock como la de este martes permitirá al Gobierno retomar la iniciativa en su relación con los llamados movimientos sociales de Bolivia. Hasta el momento, la estatización de las generadoras de electricidad tuvo secuelas sentidas por todos los bolivianos. Apagones por la caída de las inversiones. En hidrocarburos pasó lo mismo. Es otro de los lados oscuros de las nacionalizaciones que aumentan la desconfianza que no tuvo antes este proceso.

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