Acoso judicial a periodistas

De  Tuffí Aré Vázquez, para la columna sindical de este lunes 26 de octubre, publicada por EL DEBER

La semana pasada la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz ha emitido un pronunciamiento en el que alerta del surgimiento de un nuevo problema que se suma a los riesgos a los que está últimamente expuesta la libertad de prensa en Bolivia: el acoso judicial a periodistas.

La máxima entidad sindical de los trabajadores de la información ha presentado incluso una lista en la que enumera varios casos que se han registrado en los meses pasados y en los últimos días, que pueden interpretarse como iniciativas que apuntan a amedrentar a los periodistas  desde un nuevo espacio, la justicia.

Llama la atención que en algunas redacciones se hayan recibido últimamente comparendos de jueces que convocan a informadores a oficiar de testigos en procesos que involucran a actores confrontados por la política. Aunque los periodistas somos al fin y al cabo ciudadanos que no debemos gozar de privilegios en el acatamiento de las leyes, es necesario alertar sobre posibles maniobras del poder político para condicionar con la presión judicial el derecho a ejercer la libertad de prensa, consagrado en la Constitución Política del Estado.

No corresponde que un periodista acuda a un tribunal ordinario como testigo de un juicio entre políticos, ya que su simple presencia puede terminar siendo interpretada por alguna de las partes como señal de parcialidad y, por lo tanto, comprometer su independencia. Más allá de una posición rigurosamente legalista, los jueces deben entender este riesgo y tendrían que remitirse a las publicaciones del medio como respaldo de las pruebas que buscan contra un acusado. De lo contrario, veremos todos los días a cientos de periodistas desfilando por los jurados en calidad de testigos de cualquier hecho, considerando que la esencia de su actividad es precisamente presenciar y relatar las noticias. Si bien no parecen haber en las leyes excepciones para los periodistas, los demandantes y demandados tendrán que esforzarse en encontrar otras evidencias para demostrar o desvirtuar la comisión de un delito. En todo caso, es tarea pendiente de los profesionales de la información proyectar y exigir una legislación específica que resuelva este aparente vacío que comienza a ser utilizado por los políticos como un recurso de amedrentamiento o, al menos, de presión a los medios.

También son señales inequívocas de judicialización del periodismo los requerimientos de algunas autoridades que conminan a informadores a entregar las grabaciones de las declaraciones de sus fuentes. Por lo que se ve, hay una seguidilla de acciones judiciales dirigidas, al parecer, a incomodar a los comunicadores.

Por último, también se ha conocido de la apertura de procesos a directores de medios por parte de instituciones públicas por el supuesto delito de calumnias e injurias, pero por el camino equivocado de los jurados ordinarios, cuando lo que corresponde es el tribunal de imprenta. En este sentido, el artículo 28 de la Ley de Imprenta es concluyente cuando establece que “los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado de Imprenta”. Consiguientemente, cuando una autoridad intenta procesar a un periodista por la vía penal incurre en un acto de desacato de la propia CPE, que en el parágrafo II del artículo 107 reconoce tanto los códigos éticos como la legislación especial que castiga los delitos de imprenta.

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