La encrucijada de declarar en La Paz

El Comité pro Santa Cruz acaba de fijar una posición sobre la citación de personas de Santa Cruz para declarar sobre el caso Rózsa. “Nadie debe ir a declarar a La Paz”. Por si fuera poco, ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista decretaron prácticamente “enemigos de Santa Cruz” a quien asista a cualquier convocatoria del Ministerio Público en la sede de Gobierno.

Los llamados por el fiscal Soza deben estar en una encrucijada: “o van a declarar y se libran de ser detenidos por acatar los llamados del Ministerio Público o se quedan en Santa Cruz y se exponen al riesgo de ser aprehendidos por rebeldía”. Otro dilema que deben tener es: “¿Quedar presos en La Paz o ser enemigos de Santa Cruz?”. En realidad uno no sabe cuál de las dos opciones al final es peor.

Lo cierto es que el primer “peso pesado” que acudió a declarar a La Paz fue nada menos que el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Guido Nayar. También estuvieron ejecutivos de Cotas, de Fegasacruz y de la Fexpocruz. En las últimas horas acudió el empresario Mariano Aguilera. Nadie quedó preso, hasta este lunes, en que el fiscal dispuso tres aprehensiones nuevas. Una de ellas es nada menos que la del gerente de la Fexpocruz.

Todo esto desnuda que no hay una posición monolítica en las instituciones y en el empresariado cruceño. Más parece prevalecer la idea del sálvese quién pueda, antes que una conducta corporativa de defensa de los derechos de todos los citados. Tampoco ha sido efectivo el comité de defensa que fue creado hace un par de meses por el Comité pro Santa Cruz para activar acciones de defensa de los convocados, sin excepciones.

A pesar de todo, en las últimas horas la entidad cívica anunció el llamado a una Asamblea de la Cruceñidad para unificar criterios y definir acciones.

Mientras el Gobierno afirma que seguirá con el caso Rózsa hasta ver presos a todos los empresarios, dirigentes y personas supuestamente comprometidas, el prefecto Rubén Costas desafió al fiscal Marcelo Soza a ser citado y afirmó otra vez que no irá a La Paz, sino que declarará en Santa Cruz.

El Vicepresidente Álvaro García Linera dejó claro que el Gobierno no bajará la guardia en este tema y lanzó duras acusaciones contra miembros de la dirigencia cruceña. El líder cívico Luis Núñez respondió que el segundo mandatario debe dejar actuar a la justicia y no ser juez. De su lado, Costas dijo que el único terrorista comprobado es García Linera.

Lo cierto es que quien creyó que el Gobierno se había olvidado de este tema se equivocó. Por lo que se ve, es un tema que saldrá casi siempre que los opositores instalados en Santa Cruz intenten reagruparse o reorganizarse con miras a las elecciones de diciembre.

¿Qué les conviene entonces hacer? ¿Asumir una defensa corporativa de todos los citados? ¿Dejar que cada uno se defienda? Lo ideal es dejar que la justicia actúe. Lo penoso es que, en este caso, no se puede garantizar una investigación imparcial, pues han sido evidentes las torpezas y los abusos en algunos procedimientos del Ministerio Público y del Gobierno. Tampoco se despeja la duda de cuánto de real es la independencia de la actuación del fiscal Marcelo Soza en un caso tan complejo como es la denuncia de supuesto terrorismo, nada menos que en plena época preelectoral.

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