Derechos y obligaciones de la prensa en la Constitución

(Por Hernán Cabrera M./Periodista)

Son dos artículos, el 106 y 107, del capítulo séptimo “Comunicación social” relacionados con el accionar de los medios de comunicación social y la labor del periodismo boliviano en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. Se instituyen derechos y obligaciones, responsabilidades y garantías, demandas y expectativas en algunos temas fundamentales de la democracia nuestra. Democracia que ha tenido en la prensa uno de sus pilares para su consolidación y profundización.

Sin duda una cosa es lo que está en el papel, en el texto  de la Carta Magna, y otras son las actitudes, los hechos, las acciones y declaraciones que desde el Gobierno se vienen ejecutando en  relación a lo que de forma permanente y hace tiempo han demandado las organizaciones sindicales de los trabajadores de la prensa: las garantías constitucionales para el desarrollo de su trabajo y el respeto a sus derechos laborales y humanos.

La Constitución Política del Estado que acaba de morir instituía el derecho fundamental de las personas, como ser la libertad de expresión. Fuera de ello no se refería a la Comunicación Social. Pues bien, en el nuevo texto constitucional hay varios conceptos que se han introducido como ser:  derecho a la comunicación, a la información, libertad de expresión, de opinión, de información, la rectificación, la réplica, la cláusula de conciencia, valores éticos, morales, cívicos, veracidad, responsabilidad, autorregulación, monopolios, oligopolios, y otros. Puede parecer una ensalada o juego de palabras pero ya constitucionalizadas y deben ser acatadas por todos aquellos que trabajan en un medio de comunicación; por las autoridades y por los ciudadanos, que como siempre no conocen a plenitud sus derechos.

Ese derecho que desde todos los sectores se ha reclamado y se ha exigido que desde el poder no se vulnere, está claramente expresado en el Art. 106, inciso II de la nueva Constitución Política que señala: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente sus ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. Claro, contundente y de cumplimiento obligatorio. En ese marco tenemos que recordar lo que en 1985 decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Pues bien, es el Estado que debe generar las condiciones precisas para el ejercicio de este derecho, no es el MAS, ni el Congreso, ni las prefecturas, ni los movimientos sociales, ni la Policía, ni mucho menos la oposición política, por lo que a nadie le debe quedar dudas que la libertad de expresión y de opinión no tiene dueños, ni padrinos, ni patrones, ni ataduras, y ejercer esos derechos debería ser tan natural como el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos.

Quizás suena lírico o ficticio afirmar lo mencionado, porque la realidad contrasta con ello y vemos una serie de hechos que van desde las agresiones a los trabajadores de la prensa, el enojo presidencial por la labor de fiscalización de la prensa, la posición política de algunos medios de comunicación, la violación a los derechos laborales de los hombres y mujeres de la prensa, la intención del gobierno de controlar a los medios de comunicación y de yapa armar una poderosa red de medios televisivos y radiales para que estén al servicio de la información gubernamental, la negativa del Presidente Morales de hablar u ofrecer conferencias de prensa al periodismo boliviano, situaciones que ponen en evidencia las contradicciones dialécticas del ejercicio del poder frente al contrapoder que ejercen los medios de comunicación. En fin, una serie de adversidades que han sido afrontadas con dignidad y valentía por los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores en estos tiempos intensos y difíciles para los bolivianos y bolivianas.

Derecho a la información que básicamente se refiere al derecho que tiene el pueblo de recibir y dar información, el cual tiene que ser respetado por el Estado en todas sus expresiones, y no interferir, ni obstaculizar, ni ocultar las informaciones. También ese derecho lo tienen consagrados los trabajadores de la prensa, por lo que el Gobierno del MAS ahora en el poder, como también las prefecturas, municipios, universidades, FFAA, Policía, Congreso, Poder Judicial, y otros tienen que asumir plenamente el fiel cumplimiento de lo que está escrito en esta Constitución Política del Estado, y eso significa transparencia informativa, facilitar la labor de la prensa y garantizar que esa información llegue a todos los ciudadanos.

Derecho a la rectificación y réplica para garantizar que el periodismo no cometa errores, y si los cometiera debe por obligación rectificar esa información y dar el derecho a la réplica a quien haya sido mencionado, denunciado en una determinada nota periodística. Se han comprobado varios casos en que una denuncia contra alguien en particular no ha tenido el respaldo ni la réplica del aludido, y eso en periodismo no es admisible. El buen periodista sabe que su nota debe estar alimentada siempre por todas las partes en conflicto, no puede emitirse un reportaje sesgado, manipulado o interesado. Estos dos principios, la rectificación y la réplica fortalecerán y harán más ético al periodismo boliviano. Un periodismo pluralista, ético, responsable, constructor de ciudadanía y de más democracia.

Normas éticas y autorregulación, con esto la Constitución Política deja en la cancha de los medios para responder a los desafíos que en cada periodo histórico nos toca vivir, por cuanto esos principios de veracidad y responsabilidad que se constituyen en las normas inviolables en el periodismo deben estar registrados y cumplidos en los códigos de ética, así como lo tiene la Asociación Nacional de la Prensa, la Confederación de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Periodistas de Bolivia y fundamentalmente aquello que siempre han demandado los empresarios de la comunicación: la autorregulación. Inevitablemente queda ahora trabajar en estos mecanismos de autorregulación, y hay que hacerlo lo más rápido posible, antes que los políticos impongan sus leyes y sus intereses.

Derecho a la cláusula de conciencia, instituida en el Estatuto Orgánico del Periodista, ahora en la Constitución Política, que favorece al trabajador de la información, y se refiere a que el periodista podrá pedir su retiro si es que su medio de comunicación haya cambiado de línea informativa, o le instruyan a realizar un reportaje con fines destructivos o para denigrar a alguna persona o institución, por esa decisión le tienen que pagar todos sus beneficios sociales.

Estos derechos y otros han sido constitucionalizados, pero ahora la exigencia es que desde el Poder Ejecutivo se den señales más confiables y coherentes de que lo que está escrito en la Constitución Política  tiene que ser refrendada en los hechos, lo cual significa una decisión democrática de respetar el trabajo de los obreros de la información y desde los medios de comunicación asumir la premisa de hacer un mejor periodismo para una mejor sociedad.